Garantías de los derechos constitucionales colombianos desde una perspectiva económica para el inicio del siglo xxi

Abstract

En la constitución de 1991 se propone una reestructuración en la mayoría de los aspectos que atañen a la sociedad, de los cuales se pueden destacar el político con el paso de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho donde priman la defensa de la dignidad humana y las garantías de protección no solo individuales, sino además en colectivo, y se añaden principios constitucionales que son llamados fundantes del nuevo modelo estatal.

Seguidamente, el aspecto económico que trae consigo el reconocimiento de los derechos de segunda y tercera generación derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . 

Por otro lado, el constituyente les brinda a los ciudadanos, facultades para exigir directamente la garantía de sus derechos fundamentales, específicamente, la Acción de Tutela consagrada en el art. 86 de la Constitución Política.

Otro aspecto para resaltar es la calidad de factor determinante que adquiere de manera sagaz la priorización de los gastos públicos el artículo 334 superior.

Como consecuencia de la reestructuración mencionada anteriormente, nace la inquietud de indagar de qué manera el Estado logra materializar todas sus garantías constitucionales eficazmente, teniendo en cuenta que uno de los elementos determinantes para alcanzar tal objetivo es el factor presupuestal o económico.