LABORATORIO JURÍDICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CENTROS DE DETENCIÓN TRANSITORIA

Resumo

La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales ha afectado a un número significativo de personas detenidas actualmente en los centros de detención transitoria los cuales fueron diseñados principalmente para albergar a detenidos por un corto período de tiempo, específicamente 36 horas para definir su situación jurídica y que luego sean trasladados a prisiones permanentes. Sin embargo, la sobrepoblación es un problema crónico y constante con personas detenidas que permanecen en estos centros por períodos prolongados debido a la falta de espacio en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, esta sobrepoblación viola los derechos humanos de los detenidos al no proporcionar condiciones adecuadas de espacio, higiene y privacidad, contraviniendo normas nacionales e internacionales sobre el tratamiento de prisioneros los cuales se pueden evidenciar las Condiciones Inadecuadas de vida en muchos centros de detención transitoria son deplorables, con falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos adecuados, atención médica, visitas familiares y un sin número más de condiciones precarias situaciones que constituyen la violación constante de los derechos humanos amparadas en la Constitución Colombiana, que garantiza el derecho a la dignidad humana como uno de los principales derechos fundamentales infringiendo tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes a los que se ven expuestos, diariamente, simplemente porque el tiempo transitorio que deberían permanecer no se cumple, siendo ésta la función principal para la que fueron creados estos centros; toda vez que, se pueden encontrar detenidos incluso en condición de condenados aún recluidos en este tipo en éstos lugares. El acceso a la Justicia y Defensa Legal otra problemática aguda, a los cuales se ven expuestos los detenidos en estos centros de detención transitoria a menudo es que enfrentan dificultades para acceder a asistencia legal adecuada, lo que retrasa los procesos judiciales y prolonga su detención La falta de acceso a una defensa legal efectiva vulnera el derecho a un juicio justo y al debido proceso, tal como lo establecen la Constitución Colombiana y varios instrumentos internacionales de derechos humanos, estos detenidos se enfrentan a hechos de violencia e inseguridad dentro de los centros de detención. Es un problema La falta de medidas de seguridad adecuadas y la violencia que se ven reflejados por la precaria situación de los PPL, que representan violaciones a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, esto muchas veces se debe también a la falta de supervisión y control que al ser inadecuados contribuyen a los problemas de abuso de poder, corrupción y negligencia en el manejo de los detenidos esta falta de supervisión, puede dar lugar a la constante violación de derechos humanos y la perpetuación de condiciones inhumanas de detención prolongada en Centros de Detención Transitoria, muchos detenidos permanecen en estos centros más allá del tiempo legalmente permitido debido a la lentitud del sistema judicial y la falta de coordinación entre las autoridades, lo que constituye una detención arbitraria y prolongada, violando el derecho al debido proceso y la libertad personal. La continua omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos y la adopción de prácticas inconstitucionales, ha desatado la constante invocación a la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; los detenidos afectados acuden a esta tipo de medida para obtener la protección de sus derechos, este fenómeno produce una mayor congestión judicial, esto sin contar con que la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos se han quedado cortas y prácticamente en el olvido por parte del estado que pretende desconocer la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, y que requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante.