LA ACCIÓN POPULAR DESDE EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD PROCESAL. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Resumen

Las acciones constitucionales, entre ellas, la acción popular, han contribuido a cerrar brechas en la falta de garantía de los derechos, y, a su turno, las decisiones judiciales proferidas en el marco de dichas acciones han buscado transformar la realidad de los derechos colectivos con diferentes tipos de órdenes. Sin embargo, estas mismas órdenes judiciales podrían no estar soportadas en una adecuada justificación probatoria u omiten aspectos técnicos y, en consecuencia, ser inadecuadas para corregir la transgresión de los derechos que pretenden proteger o, incluso, poner en riesgo procedimientos legales que no es posible inadvertir, verbigracia, aquellos de naturaleza contractual, presupuestal y/o de planeación; conllevando ello a que algunas órdenes judiciales entrañen en sí mismas obstáculos para su cumplimiento y que transcurridos varios años surja la imposibilidad de acatarlas cabalmente, suscitándose de este modo que en escenarios de verificación se busque modificar sus efectos o dictar órdenes complementarias. Es así que en la presente ponencia argumentamos que la sostenibilidad procesal puede consolidarse como una solución a la problemática enunciada, toda vez que aquella supone una garantía de eficiencia, eficacia y equidad de las órdenes judiciales, a través de la coherencia entre el análisis probatorio, el diseño de la orden judicial y el reconocimiento de procedimientos legales que deben adelantar los entes territoriales para el cumplimiento de sus funciones y competencias. En este sentido, se analiza el vínculo entre los supuestos fácticos, la justificación judicial probatoria y las decisiones judiciales de las acciones populares proferidas en contra del departamento de Boyacá, destacando los obstáculos para su cumplimiento. Con base en el análisis de tales providencias se halló que un número significativo de órdenes judiciales que no se circunscriben al concepto de sostenibilidad procesal, existiendo una valoración probatoria judicial separada de la justificación técnica de la orden, los plazos de cumplimiento de la misma y del reconocimiento de procedimientos legales administrativos necesarios para garantizar los derechos en materia colectiva.